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El administrador general del Registro Inmobiliario destacó los logros alcanzados durante la pandemia para ofrecer el servicio afianzado en la virtualidad, cambios tecnológicos que ya estaban contemplados en el Plan Visión Justicia 20/24 y que fueron acelerados por la crisis sanitaria.

SANTO DOMINGO (RD). El administrador general del Registro Inmobiliario de la República Dominicana participó en la Conferencia Iberoamericana “La Respuesta Tecnológica del Registro ante el COVID-19” celebrada virtualmente entre los miembros de la Red Registral Iberoamericana (IBEROREG), con el objetivo de socializar buenas prácticas de dichas organizaciones ante la pandemia y analizar la realidad registral de cada país.  

Durante su participación en la actividad, Jhonattan Toribio explicó cómo la situación sanitaria provocada por el COVID-19 ha modificado la atención ciudadana en las oficinas del Registro Inmobiliario y expuso cuáles han sido las medidas y las herramientas tecnológicas utilizadas para garantizar y mantener el servicio a los usuarios durante el tiempo de pandemia.  

Explicó que, a raíz de la declaratoria del estado de emergencia, se aceleró la automatización de 10 oficinas de registro de títulos, se implementó el teletrabajo y la continuación del servicio por los canales electrónicos. 

Otras de las medidas asumidas por el Consejo del Poder Judicial de RD para facilitar el uso de los servicios fue la implementación de la firma electrónica, el establecimiento del modelo de servicio judicial y del registro inmobiliario digital como soportes del Plan de Continuidad de Labores. 

El funcionario explicó que el CPJ también aprobó la creación del registro inmobiliario, a través del cual se establece un Consejo Directivo que permite una administración bajo un sistema integral y un consejo consultivo que integra la colaboración intersectorial y participativa de los actores relevantes del sector. 

Exhibió como logros y buena práctica en el país que a través del teletrabajo el ingreso de trámites por la vía digital pasó de un 7 a un 51%, se pasó de 100 mil a 324 mil visitas al portal web, la atención presencial es por citas que se generan a través del portal web, fue habilitado el servicio de retiro y deposito remoto a nivel nacional y el depósito desatendido usando buzones. 

Informó que atienden un total de 11 mil 602 citas, 1,036 comparecencias virtuales, 11,593 llamadas telefónicas y 3, 953 solicitudes vía correo electrónico al mes. 

“En la actualidad nos encontramos implementando la transformación en un registro inmobiliario digital que contemple la habilitación de un portal transaccional donde el usuario pueda desde un escritorio virtual, hacer su trámite de depósito, retiro, acceder a los documentos públicos, a la cartografía, consultar estados, ver el catálogo de servicios que se prestan y eventualmente realizar pagos electrónicos de las tasas por servicios”, explicó Toribio.  

En la actividad IBEROREG, participó en representación del Registro de Títulos de la República Dominicana, su director nacional Ricardo Noboa Gañán. Un común denominador que tienen los países integrantes de esta entidad es la utilización de los recursos tecnológicos para mantener los servicios registrales y evitar el contagio del COVID 19. 

Algunos de los países coincidieron en la implementación de la firma digital, servicios a través de las plataformas digitales, seguimiento del estatus de solicitudes vía portal digital, el teletrabajo, y la comunicación vía telefónica o correo electrónico para que el retiro de documentos y de esa forma evitar la aglomeración de personas, entre otras medidas para mantener los trabajos en el contexto del COVID 19. 

IBEROREG es un proyecto de interconexión de las organizaciones de los registros públicos a la que pertenecen los países Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay.  

La finalidad de esta organización es servir como espacio de colaboración donde se comparta información precisa y útil a los ciudadanos y administraciones de los países miembros, además de convertirse en un espacio de intercambio académico de conocimientos actualizados sobre el sistema registral vigente en cada país. 

La puesta en funcionamiento del Registro Inmobiliario representa un hito histórico que permitirá la organización de un sistema de gobierno integral y de coordinación inter-órganos, alineado con el Plan Estratégico Visión Justicia 20/24 

Santo Domingo.- El Consejo Directivo del Registro Inmobiliario celebró este lunes 14 su primera sesión ordinaria de trabajo, encabezada por el magistrado Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.  

Durante la reunión, el Consejo Directivo trató temas referentes al Plan Estratégico de la institución; la estrategia de comunicaciones, ajustes al Plan Operativo Anual y se hizo la rendición de cuentas del Registro Inmobiliario.  

Este Consejo además está integrado por el magistrado Estanislao Radhamés Rodríguez, miembro del Consejo del Poder Judicial; el director nacional de registro de títulos, Ricardo Noboa; el director nacional de mensuras catastrales, Ridomil Rojas, y el administrador general del registro inmobiliario, Jhonattan Toribio, quien funge como secretario.   

Este órgano de dirección es el encargado del planeamiento, organización, administración y gestión del Registro Inmobiliario. Además, es el responsable de definir y aprobar las políticas, estrategias y planes institucionales, así como de su seguimiento y evaluación. Las sesiones del Consejo Directivo del Registro Inmobiliario tendrán lugar cada mes en la sede principal del Registro Inmobiliario.  

El Registro Inmobiliario (RI) es un órgano desconcentrado del Consejo del Poder Judicial, creado mediante Resolución núm. 008-2020 de fecha 07 de julio de 2020 del Consejo del Poder Judicial, responsable del manejo sistémico de los órganos de naturaleza administrativa establecidos en la Ley de Registro Inmobiliario, núm. 108-05, de fecha 23 de marzo de 2005 y sus reglamentos de aplicación.  

La puesta en funcionamiento del Registro Inmobiliario representa un hito histórico que permitirá la organización de un sistema de gobierno integral y de coordinación inter-órganos, alineado con el Plan Estratégico Visión Justicia 20/24, como un componente clave para proveer un servicio más cercano , eficiente y transparente a los usuarios de los órganos administrativos de la Jurisdicción Inmobiliaria, los cuales son un soporte importante del aparato productivo nacional, en particular de los sectores financiero, turístico e inmobiliario.

La medida permitirá dotar de mayor agilidad a la gestión de los órganos administrativos de la Jurisdicción Inmobiliaria, con la creación del Registro Inmobiliario y su Consejo Directivo

SANTO DOMINGO (RD).– El Consejo del Poder Judicial aprobó la creación del Registro Inmobiliario, como dependencia que coordina los órganos administrativos de la Jurisdicción Inmobiliaria y que responde a un nuevo modelo de gestión desconcentrado, que busca alinear la visión y misión de las direcciones de Registro de Títulos y Mensuras Catastrales para brindar servicios más ágiles, eficientes y oportunos.

El organismo instituyó esta nueva dependencia, mediante resolución 008-2020, alineada con el Plan Estratégico Visión Justicia 20/24 y como un componente clave para proveer un servicio más cercano, eficiente y transparente a los usuarios de los órganos administrativos de la Jurisdicción Inmobiliaria.

El Registro Inmobiliario queda compuesto por el Consejo Directivo del Registro Inmobiliario, la Dirección Nacional de Registro de Títulos, la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales y la Administración General del Registro Inmobiliario.

Con esta reforma, “el Consejo del Poder Judicial establece un nuevo modelo organizacional que contribuye con la desconcentración del sistema, la separación de funciones y una apropiada asignación de niveles de responsabilidad, jerarquía y relaciones adecuadas entre las unidades operativas, lo que contribuirá a la eficiencia y sostenibilidad del Registro Inmobiliario”, explicó Jhonattan Toribio Frías, Administrador General.

Hasta ahora la Dirección Nacional de Registro de Títulos, la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales y la Administración General de la Jurisdicción Inmobiliaria se visualizaban en un mismo nivel y no contaban con un sistema de gestión y coordinación integral ni de coordinación; adicionalmente sus gestiones administrativas, financieras y de recursos humanos tenían una dependencia directa de los órganos operativos del Consejo Poder Judicial, lo que limitaba su capacidad de respuesta ante las necesidades propias.

En lo adelante, el planeamiento, organización, administración y gestión del Registro Inmobiliario está bajo la dirección de su Consejo Directivo, que, además, es el responsable de definir y aprobar las políticas, estrategias y planes institucionales, así como de su seguimiento y evaluación.

El nuevo reglamento contempla la creación de un Consejo Consultivo, el cual estará conformado por actores y relacionados del sector inmobiliario, con la finalidad de promover el establecimiento de planes de acción conjunta y colaboración intersectorial.

El Consejo Directivo del Registro Inmobiliario estará encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial e integrado por un miembro del Consejo del Poder Judicial, designado por sus pares, el director nacional de Registro de Títulos, el director nacional de Mensuras Catastrales y el administrador general de Registro Inmobiliario, que fungirá como secretario.

La resolución 008-2020 está disponible para la página web del Poder Judicial y puede ser consultada en el siguiente enlace: https://bit.ly/2B3Z8XI

En la actualidad, el Sistema Registral se encamina a una transformación profunda para reforzar sus niveles de eficiencia con base en el uso de la tecnología. 

SANTO DOMINGO (RD).- El Sistema Registral Inmobiliario de la República Dominicana celebra 100 años, luego de que la ordenanza ejecutiva número 511 del 1 de julio de 1920, estableciera un registro inmobiliario inspirado en el Sistema Torrens, y sentara las bases para el desarrollo del sector en el país. Esta fue sustituida por la Ley 1542 de Registro de Tierras, del 1947, y más recientemente por la actual Ley 108-05, de Registro Inmobiliario.  

La legislación vigente facilitó la incorporación de modernas tecnologías y procedimientos, tales como: la técnica del folio real, el uso del GPS para la ubicación de las parcelas, la implementación de sistemas informáticos para el control y organización de archivos, publicidad de la información y manejo de operaciones en los distintos órganos de la Jurisdicción Inmobiliaria. 

La Jurisdicción Inmobiliaria (JI), dependencia del Poder Judicial, resaltó que la introducción del referido sistema Torrens representó un avance significativo y un punto de partida para el desarrollo del mercado inmobiliario al poder determinarse con certeza el estado físico y jurídico de los inmuebles registrados. 

El administrador general de la JI, Jhonattan Toribio, declaró que para la institución resulta retador y motivador que este centenario se cumpla en el justo momento en que el sistema registral se somete a una transformación profunda dirigida a fortalecer sus niveles de eficiencia, transparencia y accesibilidad.  

“El plan estratégico Visión Justicia 20/24 contempla la revisión y actualización del marco normativo, la prestación de servicios por canales digitales, la estandarización y mejora de los tiempos de respuestas a los usuarios, la eliminación de la mora, la implementación de la firma electrónica y del fortalecimiento de las capacidades de gestión”, explicó. 

El funcionario expresó que otro gran desafío lo constituye alcanzar los 100 años en medio de la pandemia por el COVID-19, que obligó al distanciamiento físico y a replantear la modalidad de servicio en las instituciones. 

Durante el período de excepción, la Jurisdicción Inmobiliaria alcanzó la automatización del 100% de las oficinas de Registro de Títulos e implementó el teletrabajo en el equipo de analistas jurídicos, técnicos revisores y calificadores, además de los equipos de gerencia y supervisión. Desde el 23 de marzo al 28 de junio de 2020 ingresaron unas 18,885 solicitudes, se precalificaron 35,612 expedientes y se calificaron 32,395. Adicionalmente, se implementaron los siguientes servicios en línea: solicitud de citas presenciales, depósito desatendido, acceso al parcelario catastral, y las comparecencias y consultas por canales virtuales.  

Los aportes del Sistema Torrens 

Toribio resaltó que la introducción del sistema Torrens representó una ruptura con una situación de gran cantidad de títulos de terrenos confusos y dudosos que impedían el fomento de la riqueza del país y que daban origen a que los verdaderos dueños se vieran despojados de sus tierras.   Este método permitió “satisfacer las demandas de conocimiento sobre el estado físico y jurídico de los inmuebles registrados, dotar de mayor seguridad al tráfico inmobiliario, fomentar el crédito territorial, promover la circulación de la riqueza y brindar certeza sobre los derechos reales inmobiliarios”, agrega.

Con la Fase Intermedia del Plan de Continuidad de Labores, se habilitarán los servicios y procesos exclusivamente de manera virtual para garantizar la salud de los usuarios y usuarias y de los servidores judiciales del país. 

SANTO DOMINGO.- El Consejo del Poder Judicial anunció para el 1 de julio la apertura de la fase intermedia del Plan de Continuidad de Labores, lo que implicará la celebración de todo tipo de procesos de manera virtual en los tribunales del país, en todas las materias e instancias. 

Durante la fase intermedia, los tribunales de primera instancia o superior conocerán de manera virtual todos los asuntos de su competencia. En el caso de los juzgados de paz solo conocerán asuntos urgentes que por su carácter ameriten respuesta rápida, siempre mediante la modalidad virtual. 

Los plazos procesales que habían quedado suspendidos con el inicio de la emergencia se reanudarán tres días hábiles después de iniciada esta segunda fase, según lo previsto en el citado plan.  Esto implica la reactivación de las notificaciones y otros trámites vinculados con los procesos abiertos, habilitando de manera plena la actuación de los alguaciles y de otros auxiliares de la justicia. 

En su sesión de esta mañana el Consejo del Poder Judicial aprobó el avance hacia esta segunda etapa de reapertura, con el mantenimiento de las medidas de seguridad y prevención que garanticen el distanciamiento físico necesario para preservar la salud de jueces, juezas, servidores judiciales y usuarios del servicio ante la propagación creciente del COVID-19. 

Además de las 15 sedes ya habilitadas para trámites presenciales, durante la fase intermedia se adiciona la instalación de buzones de depósito de documentos en las sedes de los distritos judiciales de mayor flujo. Se reitera que, para realizar trámites, solicitar información, realizar citas, entre otros, los usuarios cuentan con los siguientes canales de servicios:  

Página web serviciojudicial.gob.do donde se puede canalizar todos los servicios en línea. La línea telefónica *3191 o el 809-200-3191, para el interior, así como el correo contacto@serviciojudicial.gob.do.

El Poder Judicial dominicano se encuentra actualmente en un proceso de transformación del servicio judicial, previsto en el plan estratégico Visión Justicia 20/24, que le ha permitido implementar las herramientas tecnológicas para mantener la eficacia y eficiencia de las labores administrativas y jurisdiccionales mientras el país retorna progresivamente a la normalidad.  

El plan de Continuidad de las labores del Poder Judicial contempla un programa extensivo de capacitaciones a través de la Escuela Nacional de la Judicatura, dirigido a todos los actores del sistema, en las diferentes herramientas virtuales que facilitan el acceso al Servicio Judicial.  

Desde el 1 de junio, corre la fase inicial, en la que se habilitaron los servicios para casos urgentes en todos los tribunales. 

Conozca el documento de Implementación del Plan de Continuidad de las Labores del Poder Judicial. El propósito del mismo es informar del desarrollo previsto para garantizar las condiciones de salud y seguridad en las sedes y oficinas judiciales durante la puesta en marcha de cada una de las fases previstas en el retorno a las labores presenciales.

Para conocer el Plan de Continuidad de las Labores del Poder Judicial, acceda al documento PDF adjunto a esta nota.

Click para acceder al documento: Plan de Continuidad de las Labores