En el proceso participaron instituciones gubernamentales, entidades del sector bancario y empresarial, asociaciones profesionales, la academia, y el público en general, quienes revisaron y comentaron los proyectos de normativas propuestos.
El Poder Judicial, a través del Registro Inmobiliario, realizó durante el mes de abril una serie de encuentros para la socialización de las propuestas de reglamentos de aplicación de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, a más de 14 años su implementación, con la finalidad de recopilar los comentarios y observaciones de los actores relacionados con el sector inmobiliario a lo interno y externo del Poder Judicial.
Las propuestas de reglamentos de Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria, Registro de Títulos, Mensuras Catastrales y Deslinde y Regularización Parcelaria han sido formuladas en el contexto del Proyecto de Actualización del Marco Reglamentario de la Ley núm. 105-08, liderado por la Suprema Corte de Justicia.
El objetivo de las mismas es disponer de un marco reglamentario actualizado, sólido y coherente para los órganos de la Jurisdicción Inmobiliaria, que contribuya con el desarrollo del país de cara al Registro Inmobiliario digital, a través de prácticas modernas de mensura y registro, con miras al fortalecimiento de la seguridad jurídica en el sector inmobiliario.
Para la elaboración de las propuestas normativas fue realizado un diagnóstico inicial, a partir de consultas en las que participaron actores internos y externos. Posteriormente fueron realizada mesas de trabajo temáticas con jueces y juezas de la Jurisdicción Inmobiliaria y servidores de la Administración General del Registro Inmobiliario, las Direcciones Nacionales de Registro de Títulos y de Mensuras Catastrales.
En este proceso de socialización participaron instituciones gubernamentales, entidades del sector bancario y empresarial, sector turismo, asociaciones profesionales, la academia, y el público en general, quienes revisaron y comentaron los proyectos de normativas propuestos, en el interés de que se cuente con un marco normativo actualizado que incorpore el uso de tecnologías para la simplificación de sus procesos, fortalezca la seguridad jurídica y garantice el respeto de los derechos de los usuarios y usuarias del sistema.
