Mes: julio 2020

La medida permitirá dotar de mayor agilidad a la gestión de los órganos administrativos de la Jurisdicción Inmobiliaria, con la creación del Registro Inmobiliario y su Consejo Directivo

SANTO DOMINGO (RD).– El Consejo del Poder Judicial aprobó la creación del Registro Inmobiliario, como dependencia que coordina los órganos administrativos de la Jurisdicción Inmobiliaria y que responde a un nuevo modelo de gestión desconcentrado, que busca alinear la visión y misión de las direcciones de Registro de Títulos y Mensuras Catastrales para brindar servicios más ágiles, eficientes y oportunos.

El organismo instituyó esta nueva dependencia, mediante resolución 008-2020, alineada con el Plan Estratégico Visión Justicia 20/24 y como un componente clave para proveer un servicio más cercano, eficiente y transparente a los usuarios de los órganos administrativos de la Jurisdicción Inmobiliaria.

El Registro Inmobiliario queda compuesto por el Consejo Directivo del Registro Inmobiliario, la Dirección Nacional de Registro de Títulos, la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales y la Administración General del Registro Inmobiliario.

Con esta reforma, “el Consejo del Poder Judicial establece un nuevo modelo organizacional que contribuye con la desconcentración del sistema, la separación de funciones y una apropiada asignación de niveles de responsabilidad, jerarquía y relaciones adecuadas entre las unidades operativas, lo que contribuirá a la eficiencia y sostenibilidad del Registro Inmobiliario”, explicó Jhonattan Toribio Frías, Administrador General.

Hasta ahora la Dirección Nacional de Registro de Títulos, la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales y la Administración General de la Jurisdicción Inmobiliaria se visualizaban en un mismo nivel y no contaban con un sistema de gestión y coordinación integral ni de coordinación; adicionalmente sus gestiones administrativas, financieras y de recursos humanos tenían una dependencia directa de los órganos operativos del Consejo Poder Judicial, lo que limitaba su capacidad de respuesta ante las necesidades propias.

En lo adelante, el planeamiento, organización, administración y gestión del Registro Inmobiliario está bajo la dirección de su Consejo Directivo, que, además, es el responsable de definir y aprobar las políticas, estrategias y planes institucionales, así como de su seguimiento y evaluación.

El nuevo reglamento contempla la creación de un Consejo Consultivo, el cual estará conformado por actores y relacionados del sector inmobiliario, con la finalidad de promover el establecimiento de planes de acción conjunta y colaboración intersectorial.

El Consejo Directivo del Registro Inmobiliario estará encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial e integrado por un miembro del Consejo del Poder Judicial, designado por sus pares, el director nacional de Registro de Títulos, el director nacional de Mensuras Catastrales y el administrador general de Registro Inmobiliario, que fungirá como secretario.

La resolución 008-2020 está disponible para la página web del Poder Judicial y puede ser consultada en el siguiente enlace: https://bit.ly/2B3Z8XI

En la actualidad, el Sistema Registral se encamina a una transformación profunda para reforzar sus niveles de eficiencia con base en el uso de la tecnología. 

SANTO DOMINGO (RD).- El Sistema Registral Inmobiliario de la República Dominicana celebra 100 años, luego de que la ordenanza ejecutiva número 511 del 1 de julio de 1920, estableciera un registro inmobiliario inspirado en el Sistema Torrens, y sentara las bases para el desarrollo del sector en el país. Esta fue sustituida por la Ley 1542 de Registro de Tierras, del 1947, y más recientemente por la actual Ley 108-05, de Registro Inmobiliario.  

La legislación vigente facilitó la incorporación de modernas tecnologías y procedimientos, tales como: la técnica del folio real, el uso del GPS para la ubicación de las parcelas, la implementación de sistemas informáticos para el control y organización de archivos, publicidad de la información y manejo de operaciones en los distintos órganos de la Jurisdicción Inmobiliaria. 

La Jurisdicción Inmobiliaria (JI), dependencia del Poder Judicial, resaltó que la introducción del referido sistema Torrens representó un avance significativo y un punto de partida para el desarrollo del mercado inmobiliario al poder determinarse con certeza el estado físico y jurídico de los inmuebles registrados. 

El administrador general de la JI, Jhonattan Toribio, declaró que para la institución resulta retador y motivador que este centenario se cumpla en el justo momento en que el sistema registral se somete a una transformación profunda dirigida a fortalecer sus niveles de eficiencia, transparencia y accesibilidad.  

“El plan estratégico Visión Justicia 20/24 contempla la revisión y actualización del marco normativo, la prestación de servicios por canales digitales, la estandarización y mejora de los tiempos de respuestas a los usuarios, la eliminación de la mora, la implementación de la firma electrónica y del fortalecimiento de las capacidades de gestión”, explicó. 

El funcionario expresó que otro gran desafío lo constituye alcanzar los 100 años en medio de la pandemia por el COVID-19, que obligó al distanciamiento físico y a replantear la modalidad de servicio en las instituciones. 

Durante el período de excepción, la Jurisdicción Inmobiliaria alcanzó la automatización del 100% de las oficinas de Registro de Títulos e implementó el teletrabajo en el equipo de analistas jurídicos, técnicos revisores y calificadores, además de los equipos de gerencia y supervisión. Desde el 23 de marzo al 28 de junio de 2020 ingresaron unas 18,885 solicitudes, se precalificaron 35,612 expedientes y se calificaron 32,395. Adicionalmente, se implementaron los siguientes servicios en línea: solicitud de citas presenciales, depósito desatendido, acceso al parcelario catastral, y las comparecencias y consultas por canales virtuales.  

Los aportes del Sistema Torrens 

Toribio resaltó que la introducción del sistema Torrens representó una ruptura con una situación de gran cantidad de títulos de terrenos confusos y dudosos que impedían el fomento de la riqueza del país y que daban origen a que los verdaderos dueños se vieran despojados de sus tierras.   Este método permitió “satisfacer las demandas de conocimiento sobre el estado físico y jurídico de los inmuebles registrados, dotar de mayor seguridad al tráfico inmobiliario, fomentar el crédito territorial, promover la circulación de la riqueza y brindar certeza sobre los derechos reales inmobiliarios”, agrega.