Representantes de varias instituciones visitaron al Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, doctor Mariano Germán Mejía, a quien entregaron un proyecto de ley sobre Derecho Internacional Privado, que tiene como objetivo regular las relaciones privadas internacionales de carácter civil y comercial. La propuesta legislativa es de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Fundación Institucionalidad y Justicia, y del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, representadas en dicha visita por los juristas Juan Miguel Castillo Pantaleón, José Carlos Fernández, Nathanael Concepción, Víctor Villanueva y licenciada Ana C. Blanco Haché.
Además, estuvieron presentes Marco Herrera, Director Ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrolla (FUNGLODE), Marcos Villaman, Rector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL), Leidylin Contreras, Abogada de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el Magistrado Edynson Alarcón, Juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. El magistrado Mariano Germán Mejía ponderó la iniciativa y el trabajo en conjunto de todos los actores que trabajaron en el diseño y conceptualización del Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado, y se comprometió con revisarlo detenidamente y darlo a conocer entre los funcionarios de la Suprema Corte de Justicia.
En dicho proyecto, este conjunto de instituciones suscriben que las disposiciones de Derecho Internacional Privado, contenidas en el Código Civil y en las leyes especiales, deben ser sustituidas íntegramente por un nuevo instrumento legal que responda a los requerimientos presentes y futuros de la nación, en consistencia con los acuerdos, convenios y tratados suscritos y ratificados por la República Dominicana. Sostienen que la presente iniciativa moderniza la reglamentación que hasta la fecha ha proporcionado para nuestro país el Código Bustamante, concluido en 1928 y adoptado por 15 Estados, fundamentalmente centroamericanos, y según distinguidos juristas latinoamericanos, dicho código no ha pasado de ser más que una simple declaración de buenas intenciones, cuyo valor práctico y resultados son pocos significativos.
“En los últimos tiempo se asiste en nuestra patria a un incremento sin precedentes de los problemas derivados del tráfico externo que requieren una atención especial de nuestro legislador, y conducen a la necesidad de establecer un bloque normativo que dé respuesta a los problemas puntuales del tráfico privado externo. Este incremento obedece, sin duda alguna, a factores muy particulares de carácter social, económico y jurídico”, puntualizan.Agregan, además, que “frente a los sistemas jurídicos de nuestro entorno, en el sistema jurídico de la República Dominicana se carece de una ley especial que regule, al menos, un sector sustancial de los problemas del tráfico jurídico externo”.
Entre otros puntos, sostienen también que resulta muy limitada la política seguida por nuestro país de incorporación de tratados del Derecho Internacional Privado.
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